Por: Edmundo Olivares Alcalá
Es urgente y necesario que el Congreso de la Unión emita una Ley General para proteger los datos personales de la población, en posesión del sector privado, señaló el Comisionado Presidente del El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), Oscar Guerra Ford.
Dijo que las empresas para la prestación de algún servicio que obtengan datos de las personas, deben ser utilizados sólo para esa finalidad y no ser cedidos sin autorización del titular de los mismos.
El funcionario se e sumó a la celebración del Día Mundial de Protección de Datos Personales, declarado hace cuatro años por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en Estrasburgo, Francia.
Apuntó que de acuerdo con la ley, sólo el titular de los datos personales o su representante legal pueden otorgar el consentimiento para el uso de estos datos con una finalidad distinta para la que fueron originalmente entregados.
Recordó que en el Distrito Federal la Ley de Protección de Datos Personales garantiza que cualquier persona, previa acreditación de identidad, pueda acudir a las Oficinas de Información Pública (OIP), de los órganos de gobierno a solicitar el acceso a sus datos personales.
El interesado puede rectificarlos cuando resulten inexactos, incompletos o inadecuados, así como la cancelación de los mismos cuando ya no son necesarios, y de oponerse a que sus datos sean tratados en el caso de que éstos se hayan obtenido sin su consentimiento.
Por su parte el Comisionado Agustín Millán Gómez señaló que el Distrito Federal presenta grandes avances en esta materia, ya que es una de las primeras entidades federativas en el país que cuenta con una ley y lineamientos específicos, que reflejan, en gran medida, los Estándares Internacionales sobre Protección de Datos Personales y Privacidad.
Apuntó que entre otros retos que tiene el Distrito Federal para seguir avanzando en este tema, se encuentra la depuración del registro de sistemas, nuevas acciones de capacitación, y la revisión de los marcos de competencia de las autoridades del Distrito Federal para verificar los sistemas de datos personales con los que deben contar los entes públicos.
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