Por: Edmundo Olivares Alcalá
Bajo la convicción de que ningún Gobierno podrá tener preferencia o favoritismo por alguna religión o convicción filosófica, se promoverá un foro donde se instalarán mesas de trabajo que permitan un marco regulatorio sobre las asociaciones religiosas y culto público en el Distrito Federal.
El vocero del Grupo Parlamentario de este partido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alejandro Sánchez Camacho, propone inscribir en letras de oro en el muro de honor del Recinto Legislativo de Donceles el principio del Estado Laico.
Anunció que el Foro En Defensa del Estado Laico se llevará a cabo del primero de febrero al 14 de marzo, promoviéndose la participación de la Oficina Jurídica para la Mujer; Católicas por el Derecho a Decidir; así como la del representante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, entre otros organismos en el ámbito jurídico, científico y político, cuyo propósito será la de clarificar las posiciones sobre el Estado Laico.
Consideró que realizar este acto solemne de inscribir en letras de oro en Donceles el principio del Estado Laico es muy importante, porque a pesar de que ya está claramente marcada la separación con las iglesias, es necesario dejar claro que éste no fomenta, no promociona, no persigue, no alienta, no recomienda, no ataca a ninguna religión y que los ciudadanos no sufrirán ningún tipo de discriminación por razón de sus creencias.
Dijo que en estos momentos de la historia de México es imprescindible remarcar este principio ante las lamentables actitudes de Carlos Abascal en Gobernación o de otros funcionarios públicos, los cuales se hacen publicidad, expresando sus preferencias por determinada religión.
Sánchez Camacho explicó que debe quedar claro que el Estado Laico es la separación de la Iglesia del Estado, pero esto no significa estar contra la Iglesia, sea cual sea su denominación, ni contra ninguna expresión religiosa.
Precisó también que asumir la laicidad, no significa que el Estado niega la posibilidad que el ciudadano ejerza sus derechos a la libertad de religión, sino significa que la Iglesia tiene un espacio y el Estado otro y que ambos son diferentes.
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