Ilegal arrastre de vehículos

Por: Edmundo Olivares Alcalá

A más de un mes de haber concluido el contrato de las cuatro empresas concesionarias del servicio de grúas, estas continúan realizando el arrastre de vehículos en las calles de la ciudad de México, en apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF).
Es urgente que el Gobierno del Distrito Federal (GDF), informe sobre los motivos por los que siguen operando además de transparentar las finanzas públicas al respecto, señaló.
La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Mariana Gómez del Campo Gurza, dio a conocer lo anterior y solicitó la publicación de los indicadores de eficiencia en el servicio.
Se pronunció por el combate a la corrupción y disminución de quejas por parte de los ciudadanos, factores bajo los cuales las autoridades capitalinas justificaron contratar el servicio de empresas privadas en lugar de realizar el arrastre con medios propios, porque hasta ahora no se ha presentado ninguna evaluación al respecto.
Al proponer un punto de acuerdo, Gómez del Campo Gurza, dijo que en su conjunto las empresas Transperc S.A. de C.V., Construcciones y Diseños Los Ángeles y Fermo, que operan 165 grúas que circulan a diario.
Estas, comentó, habrían realizado cerca de un millón y medio de arrastres, obteniendo ganancias proyectadas en más de 348 millones de pesos durante el tiempo del contrato.
Advirtió que ante situaciones económicas adversas como la que atraviesa actualmente el Distrito Federal, cualquier ingreso adicional hubiera representado una posibilidad para dotar de mayores recursos a rubros prioritarios como los presupuestos a las delegaciones, programas sociales o dotación de agua potable.
De acuerdo a la Ley de Ingresos del DF del presente año, se estima recaudar por el concepto de arrastre de vehículos 172.9 millones de pesos, menos los costos de operación, lo que se ha convertido en un negocio redituable para el gobierno capitalino.
La legisladora aseguró que desde 2003, con el argumento de que existían deficiencias en el servicio, baja productividad y quejas de la ciudadanía, por las cuales han dejado de ingresar a la Tesorería más de 300 millones de pesos, la SSPDF decidió concesionar el servicio de arrastre de vehículos en manos de cuatro empresas privadas.
Sin embargo, señaló que los contratos de dichas compañías vencieron el 31 de diciembre sin que hasta la fecha haya habido alguna publicación sobre la renovación de los mismos.