• Diputados locales se oponen a que se aplique al Bar Bar
A pesar de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Extinción de Dominio, que le permite apropiarse de bienes y recursos económicos que sean producto de un delito, diputados locales se opusieron que se aplique al Bar Bar, donde fue baleado un futbolista. Esa norma ya opera, pues el miércoles por la mañana, Javier González del Villar, coordinador del Programa de Extinción de Dominio del Distrito Federal, dio a conocer que el pasado 28 de enero se concretó la primera sentencia para arrebatarle un predio ubicado en la colonia Forestal, de la delegación Gustavo A. Madero, a un grupo dedicado al robo de autopartes. Los líderes de los grupos parlamentarios del PAN y el PRI en la ALDF, Carlos Zárraga Sarmiento e Israel Betanzos Cortés, respectivamente, se inconformaron con la negativa de la fracción del PRD a apoyar el punto de acuerdo del diputado blanquizul para que se le aplique dicha ley.Esa resistencia perredista se mantiene a pesar de que está comprobado que ese antro tiene licencia de club privado, pero operaba abierto al público o sea ilegalmente, fuera del horario, se vendía droga, se ejercía la prostitución y se cometían todo tipo de ilícitos. Un “peregrino” argumento, para justificar la negativa, es que supuestamente la Ley de Establecimientos Mercantiles “tiene vicios y los empresarios de los giros negros echan mano esto para violar las normas establecidas. En efecto, gracias a esas inconsistencias, los jefes delegacionales pueden obtener quincenalmente fuertes cantidades de dinero por parte de los dueños de giros negros y en tiempos de elecciones les piden apoyo económico para sus campañas, a cambio de la protección que les brindarán para operar como les conviene. Estos contubernios existen a ciencia y paciencia de las autoridades, superiores y salen a flote siempre que suceden desgracias, pero los dueños de los antros siguen tan campantes, nunca pisan la cárcel ni pierden sus negocios.Se recordará que tras los sangrientos acontecimientos, Leonel Luna Estrada, actual diputado del PRD y ex delegado político, así como el propio titular de la delegación política en Alvaro Obregón, Eduardo Santillán Pérez, protegieron al dueño del antro y quisieron “chamaquear” a la ciudadanía diciendo que todo estaba bien y no pasaba nada, pero quedó al descubierto la corrupción que impera en la demarcación.En su oportunidad, el diputado panista Zárraga Sarmiento recordó que en diciembre de 2008 fue publicada en la Gaceta del Distrito Federal la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, cuyo Reglamento fue publicado en marzo de 2009. Ahora pide que se aplique al “Bar Bar”, ya que indica claramente que es procedente en casos de inmuebles que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal de los propietarios, pero haya elementos suficientes para determinar que el ilícito sucedió. A los que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes productos del delito, correrán con la misma suerte, siempre y cuando se de lo asentado al último del párrafo anterior. En suma, la extinción de dominio es la pérdida de un derecho a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de ninguna índole. Explicó el legislador que como consecuencia del ataque, el pasado 25 de enero al futbolista Salvador Cabañas Ortega, el “Bar Bar”, ubicado en Insurgentes Sur 1864, colonia Florida, delegación Álvaro Obregón, autoridades y reporteros han recogido testimonios de que en ese lugar era absolutamente normal la venta de drogas, así como la trata de personas. Una vez confirmados los ilícitos tipificados en el artículo V de la multicitada ley, la autoridad tiene la posibilidad de ejercer la acción de extinción de dominio.En los últimos años se han suscitado varios acontecimientos sangrientos en antros que no cumplían con las disposiciones en la materia, como las discotecas Lobohombo y News Divine, que fueron ampliamente difundidas, pero no suficientes para impedir que continúe la actitud laxa y omisa de algunas autoridades. Zárraga dijo que los particulares deben comprender que están obligados a cumplir la normatividad y que serán sancionados fuertemente si no lo hacen, y, aún más, tratándose de la permisividad para la comisión de delitos graves, serán acreedores a sanciones penales y sus inmuebles estarán sujetos a la acción de extinción de dominio. “Sólo con acciones contundentes de la autoridad y el cumplimiento irrestricto de la ley por parte de los particulares evitaremos que en la Ciudad de México los establecimientos mercantiles que requieren licencia para su funcionamiento, sigan siendo centros de delincuencia y trampas mortales para sus clientes”, dijo. Otros de los delitos graves cometidos por las autoridades delegaciones, la Secretaría de Seguridad Pública y La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) fue la tardanza para actuar y detener a los presuntos responsables del ataque al futbolista. De acuerdo a las investigaciones y a la información que ya circula en los medios de comunicación, empleados del antro lavaron la escena del crimen y escondieron pruebas del ilícito, como el casquillo de la bala que hirió al futbolista. Además, los mismos empleados ayudaron a huir al presunto responsable, el “JJ”. El panista exhortó al Gobierno del Distrito Federal a ejercer la extinción de dominio del inmueble en el que opera el Bar Bar o en su caso la expropiación del propio inmueble. Por su parte, el diputado, priísta Israel Betanzos Cortés, dijo que una vez más los diputados del PRD demuestran sus vínculos económicos y políticos que tienen con los dueños de giros negros. “No sólo reciben dinero mensualmente, sino que estas personas les aportan recursos económicos para las campañas electorales a cambio de que se les brinde protección, tanto en tragedias como en procedimientos legales adversos, como la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Explicó que hay precedente, pues el gobierno capitalino aplicó esa ley en los dos inmuebles usados por el Hospital de Oriente y los destinará para uso de la Secretaría de Salud capitalina. La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) acreditó que en estos sitios retenían a criaturas recién nacidas que los médicos hacían pasar por muertas al nacer, y luego los vendían. También integró los expedientes de los hoteles “Buenavista”, ubicado en Bernal Díaz, número 34; “Estaciones”, en el número 28 de la misma calle; “Fortín”, en Bernardino de Sahagún 28; “Ángeles”, en Félix Gómez 40, y “Santander, en la calle Arista 21, de la colonia Guerrero, cateados en un operativo contra trata de menores. El priísta explicó que el gobierno capitalino y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) trabajan en un proyecto para reformar la Ley de extinción de dominio local, la cual permite a las autoridades quitarle propiedades a la delincuencia organizada. Por otra parte, juristas, litigantes y académicos universitarios y de institutos de educación superior advirtieron a senadores que la iniciativa presidencial sobre extinción de dominio no puede aprobarse en sus términos, ya que tiene visos de inconstitucionalidad, permite abusos y pone en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos. Durante la audiencia pública a la que convocó el Senado de la República para analizar esa iniciativa que Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) han insistido en que se apruebe a la brevedad, Samuel González Ruiz, profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, pidió a los integrantes de las comisiones dictaminadoras tener cuidado y crear una regulación más precisa, en especial con el empleo de testigos protegidos y recompensas, porque se podría generar un proceso de extorsión generalizada. Por su parte, el abogado Juan Velázquez aludió a varios aspectos preocupantes de la propuesta, entre ellos la posibilidad de abrir dos procesos distintos, el penal y de extinción de dominio, que pueden dar lugar a resoluciones contradictorias. El litigante advirtió que ni siquiera se respeta la paz de los sepulcros, pues se puede declarar la extinción de dominio de los bienes de una persona ya fallecida si sus herederos no acreditan que los bienes son de procedencia lícita. El secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón, recalcó que la extinción de dominio es un arma poderosa, pero requiere que su uso esté sujeto a precauciones, pues se trata de la pérdida del derecho de propiedad de ciertos bienes y, por tanto, supone una intervención extrema del Estado, que va más allá de la expropiación.
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