Por: Edmundo Olivares Alcalá
El quehacer periodístico se ha convertido en un trabajo de riesgo, amenazado por el crimen organizado y por las propias estructuras administrativas o de seguridad del gobierno, y por ello es urgente salvaguardar la integridad de los comunicadores y considerarlos como un grupo vulnerable por el ejercicio de sus funciones.
Lo anterior fue señalado por el senador del PRD Lázaro Mazón Alonso, y , por medio de una iniciativa para reformar la Constitución, el senador por Guerrero planteó modificar el artículo 6, para que sea obligación del Estado “garantizar la protección de los ciudadanos que en la realización de su actividad periodística, se ubiquen como un grupo vulnerable frente al crimen organizado, funcionarios públicos, representantes populares o militares”.
Explicó que su propuesta plantea que se establezca un sistema de protección física, jurídica, laboral y social para los periodistas y contempla la obligación de legislar para que se inhabilite a funcionarios públicos, representantes legales o militares que violenten la integridad física, mental, patrimonial de los comunicadores.
Lázaro Mázón Alonso dijo que la violencia registrada contra los trabajadores de la comunicación debe ser considerada un acto deliberado del crimen organizado y de los poderes fácticos en ciertas entidades, que atenta contra las libertades individuales y colectivas de la sociedad, y contra el Estado mismo.
“Los atentados, intimidación, censura, lesiones, secuestros y homicidios registrados en los últimos años, han generado en su conjunto un clima de miedo en la comunidad en detrimento de un derecho constitucional: la libertad de expresión”, aseguró.
En su exposición de motivos, el senador Lázaro Mazón refirió la violencia en México contra comunicadores es la mayor en América latina y es el tercer país en el mundo con el mayor número de decesos, con 62 asesinatos del año 2000 a la fecha.
Expuso que tan sólo en 2009 fueron asesinados 11 periodistas, trabajadores de medios impresos con cobertura local o estatal.
“El número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación llegó a 244 en 2009. El 65 por ciento de los presuntos autores materiales fueron identificados como funcionarios públicos; el 7.79 por ciento como partidos políticos, y sólo el 6.15 por ciento como delincuentes.
El quehacer periodístico se ha convertido en un trabajo de riesgo, amenazado por el crimen organizado y por las propias estructuras administrativas o de seguridad del gobierno, y por ello es urgente salvaguardar la integridad de los comunicadores y considerarlos como un grupo vulnerable por el ejercicio de sus funciones.
Lo anterior fue señalado por el senador del PRD Lázaro Mazón Alonso, y , por medio de una iniciativa para reformar la Constitución, el senador por Guerrero planteó modificar el artículo 6, para que sea obligación del Estado “garantizar la protección de los ciudadanos que en la realización de su actividad periodística, se ubiquen como un grupo vulnerable frente al crimen organizado, funcionarios públicos, representantes populares o militares”.
Explicó que su propuesta plantea que se establezca un sistema de protección física, jurídica, laboral y social para los periodistas y contempla la obligación de legislar para que se inhabilite a funcionarios públicos, representantes legales o militares que violenten la integridad física, mental, patrimonial de los comunicadores.
Lázaro Mázón Alonso dijo que la violencia registrada contra los trabajadores de la comunicación debe ser considerada un acto deliberado del crimen organizado y de los poderes fácticos en ciertas entidades, que atenta contra las libertades individuales y colectivas de la sociedad, y contra el Estado mismo.
“Los atentados, intimidación, censura, lesiones, secuestros y homicidios registrados en los últimos años, han generado en su conjunto un clima de miedo en la comunidad en detrimento de un derecho constitucional: la libertad de expresión”, aseguró.
En su exposición de motivos, el senador Lázaro Mazón refirió la violencia en México contra comunicadores es la mayor en América latina y es el tercer país en el mundo con el mayor número de decesos, con 62 asesinatos del año 2000 a la fecha.
Expuso que tan sólo en 2009 fueron asesinados 11 periodistas, trabajadores de medios impresos con cobertura local o estatal.
“El número de agresiones contra periodistas y medios de comunicación llegó a 244 en 2009. El 65 por ciento de los presuntos autores materiales fueron identificados como funcionarios públicos; el 7.79 por ciento como partidos políticos, y sólo el 6.15 por ciento como delincuentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario