Por: Edmundo Olivares Alcalá
Ninguna propuesta de reforma política, puede pasar ni considerarse exitosa si no contempla la elevación del estatus jurídico, del estatus de gobierno y sobre todo el nivel de los derechos civiles y políticos de los habitantes del Distrito Federal.
El diputado del PRI, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Gilberto Sánchez Osorio, dijo lo anterior al iniciar las mesas de análisis sobre la Reforma Política del Distrito Federal.
A la vez la también legisladora del PRI, Alicia Téllez, expuso la conveniencia de crear un Estatuto Constitucional que le dé autonomía a la ciudad y descartó la posibilidad de constituir un nuevo Estado, por su compleja definición y operación.
Señaló que la propuesta de reforma política que promoverán los legisladores priístas será contundente y a la medida de las exigencias de los habitantes de la ciudad.
Dijo que en el esquema actual los recursos federales que se distribuyen de acuerdo a diversos criterios, no llegan al Distrito Federal, aunado a que las delegaciones enfrentan una profunda indefinición jurídica porque carecen de facultades para resolver, asuntos de carácter financiero y de seguridad pública entre otros ámbitos.
En su oportunidad, el coordinador del PRI en la ALDF, Israel Betanzos Cortés reiteró que a pesar de que el Distrito Federal contribuye con aproximadamente el 30 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, sus órganos locales dependen de las decisiones del Congreso de la Unión y del Ejecutivo federal.
Afirmó que antes de analizar temas sobre la posible reelección de representantes populares hasta por un periodo de doce años, es prioritario definir con claridad el derecho que tiene la ciudad de decidir sobre su endeudamiento público y la capacidad de la ALDF, de aprobar el endeudamiento y legislar la responsabilidad de sus servidores públicos.
Es urgente promover la transición de órganos locales y de jefe de gobierno a poderes locales y a gobernador del Distrito Federal, dejando atrás el Estatuto de Gobierno para dar paso a un Estatuto Constitucional.
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