Solicitud de techo presupuestal

Por: Edmundo Olivares Alcalá

Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCADF), José Raúl Armida Reyes, solicitó un techo presupuestal de 365 millones 767 mil pesos, es decir, 81 millones de pesos adicionales. Los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) mostrarán su preocupación por el déficit que se registrará en caso de que este colegiado no apruebe el gasto propuesto por dicho órgano.
Al señalar que están conscientes de las afectaciones por la crisis económica y lamentar que no pueden reducir más el presupuesto solicitado por las nuevas disposiciones a las que están obligados cumplir, indicó que 81 por ciento será para gastos personales.
Detalló que para el Capítulo 2000 se destinaron 4 millones 791 mil pesos; para Capítulo 3000 “Servicios Generales” se designaron 56 millones 449 mil 720 pesos, de los cuales 24 millones son para cubrir gasto de renta del edificio; Capítulo 4000 “Ayudas, Aportaciones y Transferencias”, se solicitaron 1 millón 839 mil 288 pesos, y para el Capítulo 5000 “Muebles e Inmuebles”, 4 millones 623 mil 767 pesos.
Erasto Ensástiga Santiago, diputado del PRD, requirió información sobre proyectos para aplicar las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal, ha cuánto asciende el gasto de nuevas áreas para atender estas nuevas reformas y el déficit que sufrió el presupuesto asignado en 2009.
El diputado José Alberto Couttolenc, del grupo parlamentario del PVEM, señaló que los presupuestos base cero en las empresas son un buen camino para regresar los presupuestos a base cero y no contar con los vicios de los presupuestos anteriores.
El diputado Mauricio Tabe Echartea preguntó cómo se resolverían los problemas que se generarían con el déficit de recursos de 81 millones de pesos, cuáles son los programas afectados por la falta de recursos y a qué se destinará el millón 800 mil pesos del Capítulo 4000.
Ante los diputados locales, el servidor público explicó que las modificaciones a leyes en materia de transparencia, archivos, derechos humanos y firma electrónica, entre otros, obliga a crear las secretarías General de Acuerdos, de Asesoría y Defensoría Jurídica, de Compilación y Difusión y la de Administración, integrada por tres direcciones: Recursos Financieros, Humanos y Materiales; también se tiene que conformar la Contraloría Interna.
Advirtió que la intención del tribunal no es engrosar el aparato burocrático con la creación de todas las áreas mencionadas, por el contrario –señaló— se pretende una Contraloría lo más elemental que se pueda, con dos direcciones o subdirecciones de responsabilidades y sanciones y de auditorías.