Por: Edmundo Olivares Alcalá
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) carece de una ley que regule el funcionamiento de los albergues de rehabilitación de adicciones, desconoce cuántos establecimientos públicos y privados de este tipo existen en la ciudad, a cuántas personas se atienden y cómo se llevan a cabo sus actividades, lo que representa serios riesgos a la seguridad e integridad de quienes se encuentran recluidos en los mismos.
El diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Carlos Alberto Flores Gutiérrez, presentó una iniciativa de ley para regular el funcionamiento de los albergues para la rehabilitación de alcoholismo y drogadicción.
Destacó que el gobierno de la ciudad tiene la obligación de vigilar que los organismos que realizan labores de prevención, tratamiento y atención de farmacodependientes brinden sus servicios en óptimas condiciones y con pleno respeto a los derechos humanos de los pacientes.
Ante el problema que representan para la sociedad el consumo de drogas, alcohol y estupefacientes, las instituciones privadas se han hecho cargo de la atención de quienes padecen enfermedades al respecto, sin embargo las irregularidades y carencias que algunas tienen evita que llevar a cabo la recuperación de quienes padecen por estas enfermedades.
Indicó que la mayoría de los centros de rehabilitación no reúne los requisitos de funcionamiento ni obedecen a los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 028 SSA2 1999 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
Flores Gutiérrez calificó como grave que la norma mencionada no contenga sanciones para los establecimientos que incumplen con dichas disposiciones, lo que permite que en muchos centros se violen los derechos humanos de quienes son tratados en estos lugares sin que exista castigo para los responsables.
Indicó que la ley propuesta busca responder a la sociedad ante las diversas situaciones que genera la drogadicción como la violencia, delincuencia y baja productividad laboral, además de que las personas que sean atendidas para su rehabilitación reciban servicios de salud y bienestar adecuados.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) carece de una ley que regule el funcionamiento de los albergues de rehabilitación de adicciones, desconoce cuántos establecimientos públicos y privados de este tipo existen en la ciudad, a cuántas personas se atienden y cómo se llevan a cabo sus actividades, lo que representa serios riesgos a la seguridad e integridad de quienes se encuentran recluidos en los mismos.
El diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Carlos Alberto Flores Gutiérrez, presentó una iniciativa de ley para regular el funcionamiento de los albergues para la rehabilitación de alcoholismo y drogadicción.
Destacó que el gobierno de la ciudad tiene la obligación de vigilar que los organismos que realizan labores de prevención, tratamiento y atención de farmacodependientes brinden sus servicios en óptimas condiciones y con pleno respeto a los derechos humanos de los pacientes.
Ante el problema que representan para la sociedad el consumo de drogas, alcohol y estupefacientes, las instituciones privadas se han hecho cargo de la atención de quienes padecen enfermedades al respecto, sin embargo las irregularidades y carencias que algunas tienen evita que llevar a cabo la recuperación de quienes padecen por estas enfermedades.
Indicó que la mayoría de los centros de rehabilitación no reúne los requisitos de funcionamiento ni obedecen a los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 028 SSA2 1999 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
Flores Gutiérrez calificó como grave que la norma mencionada no contenga sanciones para los establecimientos que incumplen con dichas disposiciones, lo que permite que en muchos centros se violen los derechos humanos de quienes son tratados en estos lugares sin que exista castigo para los responsables.
Indicó que la ley propuesta busca responder a la sociedad ante las diversas situaciones que genera la drogadicción como la violencia, delincuencia y baja productividad laboral, además de que las personas que sean atendidas para su rehabilitación reciban servicios de salud y bienestar adecuados.
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