Asignatura pendiente

Por: Edmundo Olivares Alcalá

Aunque desde hace 20 años en México se habla de la constitucionalidad de los derechos de los pueblos originarios, aún continúa como una asignatura pendiente, hay un avance en este rubro que está determinado, en buena medida, por la ratificación de acuerdos internacionales.

José Ordóñez Cifuentes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), de la UNAM, dijo lo anterior al participar en la sesión del Seminario-Taller Deliberativo Hacia la ley de pueblos originarios del Distrito Federal.

Dijo que es un deber de los estados consultar a esas comunidades, y si se pretende respeto a principios conexos de la libre determinación, marcado en el derecho internacional y en la Constitución Mexicana, es condición trascendente la consulta universitaria que se pretende hacer en torno a ese tema.

A su vez, Juan Mario Pérez Martínez, coordinador de Proyectos del Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC), aseveró que la UNAM, y otras instituciones de educación superior del país están interesadas no sólo en estudiar a los pueblos originarios, sino también en propiciar la generación de marcos jurídicos.

Por su parte, Fabiola Poblano Ramos, presidenta del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, consideró un reto que la UNAM, la UAM y la UACM hayan abierto sus puertas a esta consulta universitaria y, a partir de ella, elaborar propuestas desde el conocimiento, la investigación y la planeación que se hace en las aulas.

Contar con una ley que reconozca la existencia, la naturaleza jurídica y los derechos plenos de los pueblos originarios de la Ciudad de México sería una buena forma de conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, subrayó.

“Queremos ser sujetos de derecho, no sólo objetos de estudio; por ello, se impulsó esta consulta universitaria; solamente haciendo confluir a la sociedad, a las universidades, a los pueblos y a quienes hacen las leyes, podremos crear una mejor ley para este sector”, añadió.

No pretendemos un estatuto inoperante, cuyo contenido llame más a la discriminación que a la inclusión. Deseamos que se proyecte la riqueza misma de estas comunidades, sus espacios de actividad y cultura, concluyó.