El Gobierno del Distrito Federal (GDF), tiene comprometidos más del 80 por ciento del gasto para vivienda -- mil 800 millones de un total de 2 mil 312 millones de pesos -- con empresas privadas, con lo que se perjudica a varias organizaciones que defienden los intereses de personas que no cuentan con un hogar digno para vivir, señaló la diputada Alicia Téllez Sánchez.
En conferencia de prensa, anotó que en tanto el GDF ha firmado acuerdos con empresas privadas de construcción de vivienda, se excluye a asociaciones y agrupaciones, principalmente cuando no pertenecen al partido que gobierna la Ciudad de México.
Observó que no es posible que todo el presupuesto para el rubro de vivienda, para el próximo año, ya esté comprometido con empresas privadas.
Esto, a propósito de que Dora María Robles Arreola, de la organización “Por un México Mejor, Vivienda Digna” denunció hechos en el sentido de que el INVI niega recursos para la rehabilitación del inmueble ubicado en Eje Central número 11 (entre las calles de Perú y Belisario Domínguez), edificio en peligro de derrumbarse.
Esta organización es la que mantiene el plantón entre las calles de Donceles y Allende en el Centro Histórico de la Ciudad de México, agrupación que se mantiene en pie de lucha desde hace varias semanas frente al edificio de la ALDF. Exige recursos para la reparación de dicho inmueble; sin embargo, recalcó Téllez Sánchez, ha sido excluida del presupuesto para el 2010.
Explicó que el INVI les prometió la remodelación de su edificio, con base en un gasto etiquetado, pero, afirmó la diputada, todo ha sido en vano, sus integrantes han sido engañados; se les niega el dinero indispensable para la rehabilitación de 30 departamentos o viviendas, problema que se registra desde hace más de 20 años.
Téllez Sánchez subrayó que el inmueble de Eje central presenta condiciones físicas de peligro, a punto de caer, pero por el simple hecho de que la organización es simpatizante del PRI, no esta considerada en el acuerdo de presupuesto de gasto para el rubro correspondiente, estimado en mil 800 millones de pesos.
Además de los 200 millones de pesos para gasto corriente y otros 312 millones de pesos para “cubrir inmuebles de riesgo” para sumar el total de 2 mil 312 millones de pesos.
Definió que el derecho a la vivienda no requiere de presiones en tanto que es un derecho constitucional, y aparte que “a nosotros nos preocupa que no se actué con imparcialidad. “Tenemos un déficit de vivienda altísimo como para que se esté beneficiando a unos cuantos grupos” o bien, a empresas privadas, agregó.
A lo que se debe considerar que la Asamblea de Barrios, ya con anticipación, firma acuerdos con el INVI, con la finalidad de que el Instituto solamente beneficie a asociaciones que tienen los mismos objetivos políticos, con lo que se sacrifica a organizaciones ajenas a su credo político. En este caso está “Por Un México Mejor, Vivienda Digna”.
En conferencia de prensa, anotó que en tanto el GDF ha firmado acuerdos con empresas privadas de construcción de vivienda, se excluye a asociaciones y agrupaciones, principalmente cuando no pertenecen al partido que gobierna la Ciudad de México.
Observó que no es posible que todo el presupuesto para el rubro de vivienda, para el próximo año, ya esté comprometido con empresas privadas.
Esto, a propósito de que Dora María Robles Arreola, de la organización “Por un México Mejor, Vivienda Digna” denunció hechos en el sentido de que el INVI niega recursos para la rehabilitación del inmueble ubicado en Eje Central número 11 (entre las calles de Perú y Belisario Domínguez), edificio en peligro de derrumbarse.
Esta organización es la que mantiene el plantón entre las calles de Donceles y Allende en el Centro Histórico de la Ciudad de México, agrupación que se mantiene en pie de lucha desde hace varias semanas frente al edificio de la ALDF. Exige recursos para la reparación de dicho inmueble; sin embargo, recalcó Téllez Sánchez, ha sido excluida del presupuesto para el 2010.
Explicó que el INVI les prometió la remodelación de su edificio, con base en un gasto etiquetado, pero, afirmó la diputada, todo ha sido en vano, sus integrantes han sido engañados; se les niega el dinero indispensable para la rehabilitación de 30 departamentos o viviendas, problema que se registra desde hace más de 20 años.
Téllez Sánchez subrayó que el inmueble de Eje central presenta condiciones físicas de peligro, a punto de caer, pero por el simple hecho de que la organización es simpatizante del PRI, no esta considerada en el acuerdo de presupuesto de gasto para el rubro correspondiente, estimado en mil 800 millones de pesos.
Además de los 200 millones de pesos para gasto corriente y otros 312 millones de pesos para “cubrir inmuebles de riesgo” para sumar el total de 2 mil 312 millones de pesos.
Definió que el derecho a la vivienda no requiere de presiones en tanto que es un derecho constitucional, y aparte que “a nosotros nos preocupa que no se actué con imparcialidad. “Tenemos un déficit de vivienda altísimo como para que se esté beneficiando a unos cuantos grupos” o bien, a empresas privadas, agregó.
A lo que se debe considerar que la Asamblea de Barrios, ya con anticipación, firma acuerdos con el INVI, con la finalidad de que el Instituto solamente beneficie a asociaciones que tienen los mismos objetivos políticos, con lo que se sacrifica a organizaciones ajenas a su credo político. En este caso está “Por Un México Mejor, Vivienda Digna”.
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