lunes, 21 de diciembre de 2009

Derechos humanos


Por: Edmundo Olivares Alcalá

Especialistas en el tema de los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, advirtieron que algunos principios de la Reforma al Sistema de Justicia Penal van en contra de los derechos fundamentales, al contemplar la figura del arraigo y la obligatoriedad de la prisión preventiva en unos delitos.
En el marco de la Jornada de Debate “El nuevo sistema de justicia penal desde la perspectiva de la sociedad civil”, organizada en el Auditorio Digna Ochoa y Plácido de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Director de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Edgar Cortés Morales, manifestó su preocupación porque “una serie de puntos de la Reforma van en contraposición a los derechos”.
Para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Mill Ackermann Rose, el recurrir al arraigo y a los testigos protegidos es como reeditar la tortura.
En tanto, el investigador y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Miguel Sarre, precisó que para que la Reforma penitenciaria sea efectiva debe haber un escrutinio público.
Edgar Cortés Morales indicó que el arraigo, el régimen de excepción para la delincuencia organizada y la prisión preventiva violentan los derechos ciudadanos.
Enumeró algunos datos sobre lo que llamó “la crisis penitenciaria”, como el hecho de que en la ciudad de México tres centros de reclusión albergan a más de 30 mil internos, cuya población total es de poco más de 40 mil.
Detalló que el Reclusorio Preventivo Varonil Norte tiene 10 mil reclusos, el Oriente 12 mil y el Sur ocho mil. “Los tres tienen un alto porcentaje de sobrepoblación y de hacinamiento”, dijo.
Aseguró que más de la tercera parte de los reclusos en el Distrito Federal están por robos menores, y más de la mitad de los que ingresan cada año cometieron delitos patrimoniales menores de 3 mil pesos.
Expresó su deseo de que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla. “Quienes están en las cárceles son los pobres con escasos de recursos para una adecuada defensa por delitos menores y no la delincuencia organizada y peligrosa”, concluyó.
Por su parte, John Mill Ackermann Rose reiteró que las figuras del arraigo y los testigos protegidos es una nueva forma de tortura.
“Aunque no es necesariamente tortura tiene el mismo modo de no investigar y sí intimidar por medio de estas figuras, pero que cumple la misma función de la tortura directa”, enfatizó.
El investigador de la UNAM hizo un llamado a no desligar la lucha contra la impunidad de la lid por defensa de los derechos humanos, pues ambas son en sí una sola batalla.
En tanto, Miguel Sarre expuso que uno de los aspectos de la Reforma al Sistema de Justicia Penal es que el juez deberá considerar a la hora de reducir las penas el comportamiento del procesado.

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