A fin de prohibir la adquisición de bienes, productos y servicios a un sobreprecio por parte de la administración pública, así como abatir la corrupción y opacidad en las licitaciones públicas, se debe de reformar a la Ley de Adquisiciones, de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, recientemente aprobada, ya que se continúa abriendo la posibilidad a los arreglos y negociaciones ilícitas entre funcionarios y proveedores.
Mauricio Tabe Echartea, diputado del PAN; en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), señaló que de acuerdo con el artículo 83, fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, sin existir causa justificada o responsabilidad para el encargado de la compra, las adquisiciones de diversas dependencias pueden efectuarse a sobreprecios de hasta el 30 por ciento respecto al valor del mercado.
Aseveró que esto contraviene el espíritu de la nueva legislación de eficientar el gasto gubernamental, toda vez que abre nuevamente la posibilidad a las negociaciones y arreglos ilegales dentro de la administración pública local.
Por ello, propuso establecer de forma clara la prohibición, en materia de gastos para las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, para adquirir bienes y servicios a un precio superior al valor promedio del mercado, aún y cuando se trate de la propuesta ganadora de una licitación.
Por otra parte, el legislador local planteó la necesidad de derogar en la Ley de Adquisiciones del DF, tres excepciones para la realización de licitaciones públicas, contenidas en el artículo 54, donde se carece de límites claros y criterios objetivos, lo que posibilita actos de corrupción y discrecionalidad.
El diputado panista aseguró que en lugar de que las licitaciones públicas sean la regla general, la mayoría de las dependencias de la administración pública en el DF, realizan sus compras y adquisiciones a través de adjudicaciones directas.
De acuerdo con datos oficiales, en 2008 la Procuraduría Social otorgó el 100 por ciento de sus contratos por esta vía, mientras que la Oficialía Mayor del GDF, en un 88 por ciento y la Secretaría de Gobierno, en un 84 por ciento; esto, abundó, sin contar con información de 2009, dado que no se encuentran al día las páginas de transparencia de diversas dependencias.
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