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Desgobierno en Ecatepec• Se agudizan problemas de vialidad, seguridad, basura y escasez de agua• El alcalde Eruviel Avila no aparece y la población se ahoga en el abandono
Miguel A. Rocha Valencia
En Ecatepec, nadie extraña al perredista José Luis Gutiérrez Cureño, quien fuera alcalde de este municipio que hoy “gobierna” el priísta Eruviel Avila por segunda ocasión en seis años y eso que aún persiste el principio de no reelección.Y no se extraña a Gutiérrez Cureño porque los vicios y deficiencias por él incubados o protegidos, son los mismos, no cambian por más que en su campaña para ocupar por segunda vez la alcaldía, Eruviel Avila prometió atender y solucionar.Ahí está la proliferación de antros, donde los jóvenes, muchos de ellos niños, se envician no sólo con alcohol, con escenas denigrantes sobre todo para las mujercitas que por la madrugada son motivo de jaloneos para ver quien se las lleva.No se acaba esto, crece, aún en la vecindad de universidades públicas y privadas como la propia UAEM o la de Ecatepec, o academias de idiomas, simplemente porque los mejores clientes de esos antros son precisamente los jóvenes estudiantes.Lo mismo se ven en avenidas como Insurgentes, a espaldas del palacio municipal, que en la vía Morelos, la Central, en la cabecera San Cristóbal, en Santa Clara, Xalostoc, San Agustín, Tulpetlac, o en sitios escondidos en las diversas colonias de este municipio, el más poblado del Estado de México.Se afirma que hay más de mil giros negros, desde loncherías que se transforman en piqueras y antros donde circula de todo. Claro, se dice que las cuotas por funcionar así irregularmente y con toda libertad, llena los bolsillos de funcionarios municipales; no se explicaría de otra forma.Y como se trata de establecimientos no registrados, se vuelven más peligrosos, pues no están sujetos a ninguna reglamentación administrativa o de seguridad.Como resultado, la criminalidad aumenta peligrosamente; ya nadie está seguro, ni en la cabecera municipal, pues los asaltos se dan a todas horas ya sea contra viandantes, automovilistas o pasajeros de transporte público. El más reciente caso se escenificó al filo de las 17 horas, a dos calles de la Presidencia Municipal, sobre la transitada avenida López Portillo, el chofer de un camión, cansado de ser blanco de asaltos, disparó contra los delincuentes, asesinó a dos, lo llevaron a la cárcel y cómplices de los hampones, tienen amenazada a su familia.Los atracos ya son cosa de todos los días, especialmente por las mañanas; las violaciones a jóvenes trabajadoras, en tanto los policías sólo sirven para atracar ebrios o “sospechosos” en la vía pública o extorsionar a menores de edad, pero cuando se les requiere para una emergencia o combatir la circulación evidente de drogas, ni sus luces.
VialidadEn el ámbito de la vialidad, los cosas también están en el olvido: Al Poniente obras en la Vía López Portillo, entorpecen el tránsito; al norte, el inconcluso puente sobre el río de Los Remedios entre las colonias Unidad CTM, González Romero, Villahermosa (DF) y Altavilla (Ecatepec), lleva cuatro años impidiendo el tráfico vehicular entre las dos entidades, favorece los asaltos y llevó a la ruina a cientos de comerciantes que ahí ejercían su actividad.Incluso vecinos y comerciantes manifestaron a “El Punto Crítico” su inconformidad con este hecho que destruyó todo el tejido social en esa zona donde la avenida Centenario (continuación de Ferrocarril Hidalgo) se une a la carretera federal a Pachuca en su cruce con río de Los Remedios.Y es que las obras mantienen paralizada toda actividad, es causa de pérdidas económicas, desempleo y desde luego, saturación en calles de dichas colonias cuyo pavimento está destrozado por la circulación de vehículos que buscan una salida hacia el DF o Estado de México, para finalmente saturar el tramo de San Juanico de la autopista México-Pachuca.En la manifestación realizada el jueves pasado, los vecinos urgieron a las autoridades mexiquenses (Ecatepec) a concluir las obras que por el lado del DF parece ya se terminaron.Al Oriente, las obras sobre la Avenida Central no sólo afecta al tránsito, sino que “revienta” centros comerciales como Las Américas, independientemente de que la lentitud del flujo vehicular favorece el atraco a conductores.Y ni que decir de la cabecera municipal “estrangulada” por el cierre, desde hace dos años, del puente que comunica la avenida Revolución (30-30) con la Vía Morelos y daba desfogue hacia la Central o Carlos Hank González.Este hecho deja a la avenida Insurgentes –pasa atrás de la Presidencia Municipal- como única vía para circular hacia y la vía López Portillo para comunicar con el Poniente, hacia Coacalco, Tultitlán, Tlalnepantla, Cuautitlán, etcétera. De regreso, también es la única comunicación hacia la Vía Morelos y avenida Central.Con ello, los problemas viales son de verdadero campeonato y las pérdidas de tiempo gigantescas, provocando así que la única alternativa real para salir de San Cristobal y municipios vecinos, sean la autopista México-Pachuca, siempre saturada, o la vía Morelos, donde la vialidad es imposible.El Punto Crítico intentó la entrevista con el edil Eruviel Avila o al menos con su director de Comunicación Social, Carlos Aguilar, para que dieran su comentario sobre estos temas, pero la respuesta fue negativa, porque “no están, andan fuera de la presidencia municipal”.Entre tanto, los problemas de inseguridad, escasez de agua (se abre la llave unas horas tres días por semana), vialidad, hacinamiento de basura en baldíos como los ubicados en la calle Francisco I. Madero, con su correspondiente fauna nociva y la contaminación de antros con sus secuelas de violencia y prostitución.
***************************************************************************************************************************(Pagina 12-13)Se nutre de la pobreza Trata de personas
Edmundo Olivares Alcalá La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, muchas veces tan disimulada que las víctimas no tienen cabal conciencia de la gravedad, extensión, injusticia y potencialidad dañina de este delito. El flagelo comienza con el reclutamiento de las víctimas y sigue con la extirpación de la familia o del lugar de origen trasladándolas hasta un destino macabro según la edad: explotación sexual o laboral, adopción ilegal, tráfico de órganos, de drogas o la participación forzada en conflictos armados. Obtiene su materia prima en los sectores más desprotegidos, pues se nutre de la pobreza, la falta de trabajo, el subdesarrollo, la ignorancia, la discriminación a la mujer, la indefensión de los niños, las guerras, la violencia familiar, las restricciones migratorias y los desastres naturales. Los senadores Guillermo Tamborrel Suárez y Lázaro Mazón Alonso sometieron a la consideración del pleno un punto de acuerdo para exhorta a las procuradurías de Justicia de las Entidades Federativas, los órganos de Impartición de Justicia y los Congresos locales a redoblar esfuerzos en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual infantil, la pederastia y otras prácticas que laceran la dignidad de las personas, manteniendo permanente coordinación para mejorar la estrategia de combate. En sus exposiciones señalaron que la explotación sexual infantil y la trata de personas son de las conductas más crueles que existen en la actualidad y, desgraciadamente, las más redituables a escala mundial. Indicaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estimado en 2.5 millones el número mínimo de personas víctimas de explotación laboral y sexual como consecuencia de la trata. Asimismo, las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y su Informe Mundial sobre la Trata de Personas documentan la presencia de este fenómeno criminal en 155 países. Según la Oficina y el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, México está catalogado como un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, con los propósitos de explotación sexual y trabajo forzado. Destacaron que esta modalidad de esclavitud vulnera comúnmente los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y, de acuerdo a datos oficiales, en México se presentan casi todas las formas de explotación de ellos, en trabajo doméstico, explotación sexual y matrimonios forzados. Por ser un delito con causas multifactoriales, la trata de personas tiene íntima relación con otras figuras delictivas como lenocinio, corrupción de menores de edad, pornografía infantil, turismo sexual, ultrajes, privación ilegal de la libertad, servidumbre, trabajos forzados, mendicidad, entre otras. Las anteriores conductas relacionadas entre sí y cuya persecución corresponde a las autoridades de procuración de justicia en el ámbito local, evitando que deriven en delitos de mayor envergadura y vulneración de derechos fundamentales, como lo es la trata de personas. Indican los senadores que por ser la trata de personas un fenómeno de diversas causas, se estima necesario en el mismo sentido, tomar medidas no sólo preventivas, sino al mismo tiempo sancionar severamente los hechos típicos que los incuben y den pie para que en un futuro no muy lejano se produzcan actos de superior vulneración a bienes jurídicos tutelados. De acuerdo a estudios de organizaciones de la sociedad civil, e incluso análisis realizados por el Legislativo, las víctimas del delito de trata de personas previamente sufrieron en su persona conductas antijurídicas con menor penalidad y, sin embargo, más adelante se gestó en ellas la materialización del delito y someten a sus víctimas a la explotación sexual. Estos delincuentes se iniciaron cometiendo delitos menores y, por la inacción de víctimas y autoridades, optaron por los que les redituaban mayores ganancias, aunque implicaban transgresión a los derechos humanos de las víctimas. La trata de personas en México, uno de los problemas graves en cuestiones de justicia, es consecuencia de la falta de prevención y participación coordinada de los distintos niveles de gobierno, señalaron los senadores, y plantearon la necesidad de homologar términos y tipos penales, además de establecer debida coordinación para su combate. Ello implica la actuación de cada una de las instituciones de procuración e impartición de justicia de las entidades federativas en un mismo sentido: prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas. Hicieron un reconocimiento a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y al juez vigésimo cuarto penal en el Distrito Federal, por la sentencia condenatoria en un asunto de trata, la primera a la luz de la ley especial en esta materia. Denunciaron los senadores que diversas entidades federativas no han tipificado en sus códigos penales este delito, de conformidad con el Protocolo de Palermo y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Sin embargo, en donde sí está tipificada existe gran diferencia e incluso confusión entre lo que consideran “actividad”, “medios comisivos” y “fines”, y una veintena de entidades han realizado reformas a sus códigos penales; no obstante, únicamente consideran el aspecto punitivo y excluyen las medidas de prevención, protección y asistencia a las víctimas. En resumen y, a decir de los especialistas, aún existe gran brecha entre la legislación nacional y el Protocolo de Palermo en cuanto a los alcances se refiere. Indicaron los senadores que por las razones señaladas, se estima pertinente hacer un llamado a los entes inmiscuidos en la creación de leyes, la procuración y la impartición de justicia, para redoblar esfuerzos y se reflexione sobre la pertinencia de llevar a cabo capacitaciones, talleres y cursos, en los que se defina lo que necesita cada uno de los Poderes, acciones tendientes a trabajar coordinadamente y en franca comunicación de acuerdo al contexto de cada entidad, cuyo objetivo sea la afinación de estrategias encaminadas a prevenir, perseguir y sancionar la trata de personas y la explotación sexual infantil. Recordaron que en enero pasado, el juez segundo de distrito en el estado de Quintana Roo ordenó el traslado de Jean Thouma Hannah Succar Kuri ---quien está procesado por el delito de pornografía infantil, y fue enviado hace tres años al penal federal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez estado de México, por considerarlo una persona altamente peligrosa--- a la cárcel municipal de Benito Juárez en Cancún, Quintana Roo. L Procuraduría General de la República (PGR), impugnó esa decisión ante el Tribunal Superior del Estado de Quintana Roo; pero se aduce que no se presentaron pruebas contundentes de la supuesta peligrosidad o refuercen algún argumento que obligue a que purgue su condena en un penal de máxima seguridad, sólo se presentaron dictámenes periciales que demuestran inclinación pedófila, por lo que es muy seguro que el Tribunal confirme el mandato del juez. Lo anterior es un asunto grave porque la citada cárcel municipal se ha caracterizado últimamente por ser una de las más inseguras, y en años recientes fue escenario de motines y fugas, lo que aumenta la preocupación por que el citado reo sea enviado a ella.Al respecto hay opiniones a favor y en contra desde una perspectiva jurídica, más aún tratándose de una situación tan subjetiva como es dictaminar que una persona es altamente peligrosa. “Tratándose de una serie de tan condenables hechos contra niñas, niños y adolescentes, quienes, no nos cansaremos de repetirlo, son el grupo más vulnerable dentro de cualquier sociedad, aunado al respeto y garantía que se debe dar al Principio del Interés Superior de Niño, el asunto es del más alto interés público”, señalaron. Hicieron un enérgico pronunciamiento para que sea aplicado todo el rigor de la Ley y, de ser procedente y necesario, se mantenga en el penal de máxima seguridad al citado individuo, responsable de tan lacerante delito. Insistieron en que el Senado de la República exhorta respetuosamente a las procuradurías de Justicia estatales y a la del Distrito Federal para que redoblen los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas y se castigue con todo el rigor de la ley a los presuntos responsables que sean sometidos a juicio, además de brindar capacitación permanente al personal abocado al tema.Solicitaron al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que su fallo respecto al traslado o no de Succar Kuri, quien cometió un delito a todas luces grave, de conocimiento público y sumamente ofensivo para la sociedad, sea con todo rigor para que siente precedente y se castigue severamente a quienes vulneran los derechos de la infancia y adolescencia. Por su parte, la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas, de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que es necesario disponer de leyes más específicas en esta materia. Dijo que a fin de prevenir y erradicar la trata de personas es necesario contar con un marco jurídico a escalas federal y estatal que tipifique este delito y permita protección integral a las víctimas y a los testigos. Al participar en el Foro de Análisis y Discusión sobre la Legislación Penal en Materia de Trata de Personas, la fiscal especial hizo un análisis histórico sobre la legislación en este tema. Señaló que en México hay notoria heterogeneidad de los tipos penales relacionados con este delito, conocido también como la esclavitud del siglo XXI, motivo por el cual no existe homologación en cuanto a las conductas que deben ser sancionadas como trata de personas, ni un acuerdo entre la inclusión o no de los medios comisivos en el tipo penal referente a personas mayores de las víctimas. A la fecha, 24 estados de la República Mexicana han hecho modificaciones a sus códigos penales para introducir este delito, y cuatro crearon leyes especiales para su sanción, prevención y atención a las víctimas. La fiscal afirmó que es indispensable incluir reformas en materia de protección a testigos, de víctimas migrantes, repatriación y participación de la sociedad civil tanto en la prevención como en la atención a víctimas, además de realizar reformas al tipo penal de trata de personas en el ámbito federal, pues han sido inoperantes. Dijo que la complejidad de la descripción típica actual, la existencia de demasiados elementos subjetivos y la conjunción entre lo que debe ser sancionado como trata y lo que debe ser sancionado como explotación, han derivado en la imposibilidad de tener más consignaciones y sentencias que la sociedad mexicana exige. “Es necesario sancionar por un lado a los que enganchan, transportan, entregan y reciben personas con las finalidad de que sean explotadas, a quienes solicitan y ofrecen personas para ser explotadas, a los facilitadores de estas actividades y a quienes explotan directamente a las personas. Por otra parte se puso saber que la trata de personas es un crimen que afecta a más de cuatro millones de personas a escala mundial, según el programa de población de la ONU. Datos de 155 países muestran que el 20 por ciento de los casos corresponden a niños, en tanto que la oficina de la ONU contra la droga y el delito resalta que la forma más común es la explotación sexual, que afecta al 79 por ciento de las víctimas. La mayoría de las víctimas son mujeres. La OIT informa que más de 12 millones de personas padecen situaciones laborales similares a la esclavitud, y Unicef calcula que alrededor de 180 millones de niños de 5 a 17 años de edad, uno de cada ocho en todo el mundo están sometidos a las peores formas de trabajo infantil. Más de un millón de personas son víctima de la trata, un negocio que produce mil millones de dólares anuales que se reparten entre los propios familiares de ellas, los traficantes y los funcionarios públicos cómplices. Es una actividad delictiva altamente rentable, después del tráfico de armas y drogas.
